DE REELECCIÓN Y CONSTITUCIÓN

Publicado: agosto 10, 2014 de Lic. Juan Isidro en Uncategorized

El tema de la reelección esta causando de que hablar en nuestra constitución desde el 1966, siendo establecida la reelección indefinida y consecutiva lo cual permitió crear una dictadura presidencial que mantuvo vivo el sistema que por espacio de treinta y un años sustentó Rafael Leonidas Trujillo, que no era de extrañar ya que Joaquín Balaguer fue su discípulo. Balaguer gobernó por 12 años haciendo uso de los recursos del Estado incluyendo el poder militar, el poder económico, el libertinaje y cualquier método represivo que le permitiera reducir sus opositores en sus aliados o los desaparecía, así tan sencillamente.

Hasta que en el 1978 asume la presidencia el hacendado Silvestre Antonio Guzmán Fernández por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), agrupación que tenia como norte la no reelección presidencial aunque su cúpula gerencial era vitalicia, pero respetuosa en cuanto a sus estatutos y principios doctrinales. Con la llegada del PRD se rompe el sistema reeleccionista no porque la constitución lo prohíba sino por principios ideológicos.

Con el retorno de Joaquín Balaguer en el 1986 vuelve a imponerse la reelección hasta que una reforma forzosa en el 1994 estableció la reelección indefinida no consecutiva con un período de receso, todo con el prepósito de impedir que Joaquín Balaguer volviera a reelegirse; así llegamos al 2002 y se establece la reelección consecutiva con un nunca jamás tratando de permitir el surgimiento de nuevos lideres con perfil presidencialista. Llegando así al 2010 donde se reimpone la reelección pero no consecutiva con la variante de dejar pasar un periodo.

Hasta que no aprendamos a respetar la constitución y darles el valor que debe tener seremos victima de los oportunistas políticos que con el deseo de exprimir la res pública hacen pacto con el mismo Satanás relegando el derecho al progreso y la superación de la juventud a la indiferencia.

Un país carente de una ley de partidos políticos, donde sin temor a exagerar, los partidos políticos son las instituciones menos democráticas de nuestro país. Ante la inexistencia de normas que puedan llenar el déficit generado por el requisito de democracia interna establecido en la Constitución Política, solo quedan los estatutos partidarios, pero como en República Dominicana no existen partidos de ideología sino un grupo de seres humanos reunidos alrededor de un hombre con habilidad superior a los demás del grupo, los cuales sólo piden como pago a su adhesión inmunidad oficial, que le permita disfrutar los bienes del Estado como si fuese su predio privado, todo el que suba al palo le será muy difícil bajarse ya que su acólitos siempre querrán garantizar su disfrute.

Hasta que no aparezca un gobernante que le asigne a la constitución su valor como ley fundamental del país, que permita construir un verdadero estado social y democrático de derecho. la palabra reelección siempre estará fija en las mentes de los gobernantes y siempre estarán dispuestos a hacerle un roto a la constitución para empotrarle un parche que permita la reelección presidencial, y, es que, la no reelección, solo es una expresión circunstancial y nada más, la cual es usada según las circunstancia del momento, y como el pueblo no sigue ideologías ni hechos si no a hombres o nombres, siempre será una necesidad la reelección del gobernante de turno llámese como se llame y gobierne como gobierne. Las reformas constitucionales tienen como fundamento ponerse al día y a tono con las garantías y derechos fundamentales para llenar las exigencias de los nuevos tiempos y por eso es que el articulo No. 267 de nuestra constitución señala la forma de cómo debe modificarse y es precisamente para evitar modificaciones innecesarias sin ningún valor a la misma constitución; no podemos modificar nuestra constitución por el simple hecho de que un gobernante pueda ser reelegido.

Una de las grandes discusiones actuales en la materia se refiere a la reelección presidencial inmediata: Si le echamos un vistazo a otras constituciones del continente americano podremos observar que América Latina tiene una tendencia hacia la reelección. Veamos:
La constitución de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela permiten la reelección a un nuevo periodo en forma inmediata. Mientras que Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua es permitida pero no en periodo consecutivo.
La constitución de Paraguay, establece que el presidente y el vicepresidente duraran en sus funciones cinco años improrrogables y que no podrán ser reelegidos en ningún caso. También es prohibida por mandato constitucional en Guatemala, México y Honduras.

El articulo 25 párrafo 2 de la constitución chilena establece que El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período siguiente.

En la Constitución de Perú su artículo 112 señala que “El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones”.

La Constitución de México en su Artículo 83 dice “El Presidente entrará a ejercer su cargo el 1o. de diciembre y durara en el seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

La constitución de Uruguay en su Artículo 152 establece con relación al Presidente y Vicepresidente: El Presidente y el Vicepresidente durarán cinco años en sus funciones, y para volver a desempeñarlas se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese. Esta disposición comprende al Presidente con respecto a la Vicepresidencia y no al Vicepresidente con respecto a la Presidencia.

La constitución de Bolivia tiene establecido en su artículo 169 “…pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez” con lo cual abrió el paso a la reelección presidencial consecutiva.

La constitución de Brasil en su artículo 82 dice que “El mandato del Presidente de la República es de cinco años, prohibiéndose la reelección. Pero en 1997, una modificación constitucional aplicada por el presidente Lula introdujo la reelección por un periodo y nada más.

En la Republica de Argentina, la constitución establece en el artículo 90 “El Presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos, o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período.

La constitución de Panamá en su artículo 178 señala que “Los ciudadanos que hayan sido elegidos Presidente y Vicepresidente de la República no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos períodos presidenciales inmediatamente siguientes”.

El caso más conocido y mencionado es el de los Estados Unidos de Norteamérica donde existe la reelección por un periodo más y nunca jamás.

En Colombia, según la constitución del 1991, estaba prohibida y después de muchos intentos, en el 2005 se logra establecer la reelección inmediata, la que hizo posible a Álvaro Uribe un segundo mandato a partir de 2006. Y actualmente permite al presidente Juan Manuel Santos postularse y ser reelegido.

En Honduras la Constitución no sólo prohíbe la reelección, sino que sanciona con la destitución inmediata al funcionario que la proponga o promueva, con la inhabilitación por 10 años. Artículo 239 de la Constitución de la República de 1982.

En Nicaragua en el 1995 pasó de consecutiva a alterna, regresando al poder en el 2007 el presidente Daniel Ortega, quien se ha declarado a favor de la reelección inmediata.

La constitución de Haití, el capitulo II sección A articulo 134-3 prohíbe la reelección presidencial inmediata. Pero se puede reelegir para otro periodo, sólo después de cinco años no pudiendo aspirar en ningún caso a un tercer período.

En Republica dominicana la institucionalidad es muy débil y producto de eso las instituciones no funcionan; comenzando por la misma constitución la cual no obstante haber sido objeto de una modificación que la convertía en una constitución moderna acorde a los momentos que vive la humanidad sólo ha sido utilizada según los intereses en juego, incluso su mismo patrocinador con apenas meses de haber sido promulgada hizo esfuerzos ingentes por cambiarle para reelegirse. El Estado no es un hombre, el Estado no es un nombre el Estado es el conjunto de instituciones necesarias para el funcionamiento del País. El Estado es perpetuó, perenne. Somos quizás uno de los países de más profusión en normas jurídicas pero también es el país donde menos se respeta el ordenamiento jurídico establecido.

El pueblo es el soberano, y el único con derecho de escoger, pero también debe tener la oportunidad de premiar a quien lo ha hecho bien y así mismo darse el gusto de castigar a quien se lo merezca
Es tiempo de que los dominicanos respetemos nuestra normativa constitucional porque tal parece ser que cuando Ferdinand Lasalle dijo que la constitución es un pedazo de papel lo dijo pensando en el pueblo dominicano.

Durante la época de Trujillo la Constitución se modificó siete veces. En los años 1934, 1942, 1847, 1955, 1959 y dos veces en 1960. Muchos de estos cambios sirvieron para dar mayores poderes al jefe, otras veces para resolver problemas del momento, en ocasiones para dar categoría constitucional a nuevas ideas políticas, pero la mayoría de las veces era para glorificar a Trujillo.
Para las primeras modificaciones se utilizo el sistema de las Asambleas Revisoras, elegidas mediante voto popular. Pero luego, a partir del año 1959 se cambio este método para que las modificaciones se hicieran a través de ambas cámaras, reunidas en Asamblea Revisora, evitando así la necesidad de una elección popular que escogiera a los miembros de la misma. De este modo, a partir de la modificación del 1959,

NO ES INCONSTITUCIONAL EL ARTICULO 85 DEL CPP

Publicado: abril 26, 2014 de Lic. Juan Isidro en Uncategorized

La cantaleta que ha desatado la modificación del Código Procesal Penal, nos deja una muy buena lección que el pueblo debe meditar. Si hurgamos en la memoria veremos que en caso como la Sum Land, Barrik Gold y la modificación del articulo 85 párrafo tres del código procesal penal, nuestros “Honorables” legisladores son unos irrespetuosos y burlones de quienes les damos el derecho.
Da pena oír un diputado decir que no tiene tiempo para leer un anteproyecto de Ley, si para eso le pagamos, y pagamos muy bien; pero la burla y el irrespeto viene desde la misma presidencia de las cámaras con el uso del intrenet. Una ley que concierne a todos los habitantes nacionales o no de un país no puede ser un secreto, debe ser discutida, estudiada y ponderada con transparencia lo cual requiere de tiempo.

La lección dice que nuestros honorables legisladores cuando se trata de defender su propio interés no le importan pactar con el mismo Satanás. Y la modificación al párrafo tres del articulo 85 no es mas que un salvoconducto que los políticos quieren asegurar, con lo cual demuestran su actitud, espíritu y vocación a la corrupción.

Total, el código procesal Penal está en vigencia desde el año dos mil cuatro y aún no tenemos jurisprudencia de casos de corrupción de ningún funcionario público que haya sido acusado juzgado y condenado lo cual demuestra dos cosas: una que éste es el país en donde los funcionarios son todos personas de honorabilidad y pulcritud y la otra cosa que no existe ningún tipo de control que pueda vigilar la corrupción administrativa.

Muy cierto es que la constitución en su articulo 22. 5, 75.12, 138 y 139 señalan que la ciudadanía debe vigilar la transparencia de cualquier persona sea este funcionario o no que esté en el manejo de la cosa pública.

Decir que el artículo 83 párrafo 3 es inconstitucional es pronunciarse en contra de varios mandatos de la Constitución como son: artículo 8, 22.5, 74, 75.12, 138, 139 y 246. El artículo 8 dice que los derechos son progresivos, lo cual indica que pueden mejorarse, ampliarse pero jamás deben ser regresivos. Ninguna ley puede acomodarse para satisfacer problemas particulares. Lamentablemente se quiere arreglar el Código Procesal Penal para favorecer a ex funcionarios del gobierno anterior, del presente y los del futuro.

No es los mismo una denuncia que una querella, según el articulo 267 del código procesal Penal una querella es “El acto por el cual las personas autorizadas por este código promueven el proceso penal por acción pública o solicitan intervenir en el ya iniciado por el ministerio público” y, precisamente el articulo 85 señala quien puede ser querellante afecten los hechos punibles a personas individual, intereses colectivos o difusos. Lo mismo que si son cometidos por funcionarios público.
La querella debe ser incoada por ante el Ministerio Público el cual debe estudiarla y proceder, ahí radica el problema, sucede que el Ministerio público no es más que un subalterno del presidente de la república, un miembro mas del gabinete él cual está para cumplir las ordenes del presidente, no del pueblo, esto significa que con el párrafo tres o no del articulo 85 es la misma cosa.
Estoy de acuerdo que el código sea modificado en ese sentido pero que se le dé al ciudadano el derecho de querellarse no ante la fiscaliza sino ante un Juez directamente.

Cuando los defensores de la modificación del Código procesal penal defienden la denuncia no son capaces de citar el artículo 264 el cual señala que “tienen obligación de denunciar sobre todas las infracciones de acción pública que llegan a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de éste: Los funcionarios públicos, los médicos, farmacéuticos, enfermeros, y demás que ejerzan cualquier rama de las ciencias medicas; los contadores públicos autorizados y los notarios públicos, respecto de infracciones que afecten el patrimonio o ingresos públicos”. Este artículo limita la facultad de denunciar a personas específicas, no a cualquier ciudadano.

Pero otro problema que conlleva la denuncia es lo que establece el artículo 266, el denunciante solo es responsable si la denuncia es declarada falsa, y en nuestro sistema investigativo la falsedad siempre existe cuando el ministerio público debe investigar un funcionario público o con protección de cualquier índole, y, siendo así se le aplica la difamación y la injuria delito tipificado en nuestro Código Penal.

El anteproyecto de Ley de regulación del ejercicio de la abogacía y la notaria elaborado por la Suprema Corte de Justicia, es un proyecto discriminatorio y excluyente. El artículo 39 de nuestra Constitución garantiza la igualdad entre las personas. El artículo 3 del proyecto de Ley señala que para ejercer la abogacía además de las condiciones exigidas en otra parte de esta ley se requiere: 2: haber validado la pasantita obligatoria prevista en esta ley 3: haber aprobado el examen de revalida provista por esta ley, con lo cual pone al profesional del derecho en desventajas con las demás profesiones que según la ley 111, del 3 de noviembre del año 1942, Gaceta Oficial No. 5822, deben hacerse expedir un exequátur para su ejercicio.

La Suprema Corte de Justicia se olvida de un problema institucional, un problema del sistema, y justifica el mal existente en la justicia a la preparación de los noveles abogados y abogadas; siendo así, entonces enfoquemos el caso en las universidades y los pensum. La mayoría de las universidades hacen énfasis en el aspecto teórico y dan poca o ninguna importancia a la practica en los tribunales, estamos de acuerdo en que los estudiantes de derechos deben tener una base sólida en los aspectos fundamentales del derecho en todas sus vertientes, pero hay un mal que también debe corregirse si queremos que la justicia funcione según la ética y los Códigos. Hay un adagio que dice “más vale pulgadas de Juez que kilómetros de derechos” o sea que si usted es amigo del Juez no importa cuanto derecho conozca y aplique.

Con un Poder Judicial saneado, manejado por jueces preparados en la ley y en los principios morales. Que únicamente militen en la decencia de la conciencia limpia. Que sus actuaciones no las ensucien los oscuros intereses, la sociedad vería sus bienes protegidos por el poder judicial, y así, los abogados lucirán más capacitados ante los ojos de la ciudadanía. .

La Suprema Corte de Justicia debe entender que la crisis no es de la carrera, sino una crisis del sistema. El ejercicio de la justicia debe descansar en la probidad, y, los jueces deben hacer uso de ese principio a la hora de aplicarla, pero lamentablemente los agentes justicieros se han concentrados en defender ciertos intereses que le son afines y ahí radica parte de el mal de la justicia en nuestro país. Tenemos que reconocer que a Temis le quitan la venda siempre a favor de los sectores más encumbrados de la sociedad permitiendo que se impongan los favores, la amistad, la política, la clase económica, la raza y la condición social. El símbolo de la justicia es una personificación alegórica de la fuerza moral en los sistemas judiciales por eso Temis aparece con una espada y una balanza. Y la venda en los ojos es una representación de la objetividad.

SOBRE LA SENTENCIA TC 168/13

Publicado: diciembre 14, 2013 de Lic. Juan Isidro en Uncategorized

Es difícil hablar del presente sin ser victima del efecto que causa la preferencia política, cuando queremos analizar la sentencia TC168/13 del Tribunal Constitucional habremos quienes nos queramos basar en el espíritu de la Ley y quienes se van por lo puramente político partidista. Ambos bando tienen sus razones y bases para mantener sus puntos de vistas. No cuestiono el derecho que tiene la República dominicana, de crear  su marco jurídico, que norme la entrada a su territorio de cualquier extranjero que así lo desee, es un derecho soberano que nadie puede cuestionar, como nadie puede cuestionar el derecho soberano que tiene cualquier país libre e independiente de establecer la manera de adquirir la nacionalidad. Incluso, el artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos le da a la República dominicana la facultad de adoptar en su derecho interno las medidas legislativas y de cualquier índole que sean necesarias para regular los procedimientos y requisitos para la adquisición de la nacionalidad dominicana. Pero lo que si es cuestionable es la interpretación que da el Tribunal a la intención del Legislador al momento de establecer un mandato constitucional, cada articulo de los 277 que contiene nuestra constitución fue ampliamente debatido y discutido por nuestros constituyentes, en el proceso de modificación constitucional.

Lamentablemente cada quien interpreta la carta magna a sus conveniencias, y muchos de los problemas en que hoy nos encontramos envueltos en el ámbito mundial pudieron haberse evitado. Existen personalidades que poco le importa esos cuestionamientos a los que nos han sometido. Bastaría con aplicar el mandato constitucional establecido en el artículo 18 numeral 2 y 3 de nuestra normativa constitucional. Y si aún no estamos seguros, pues apliquemos el artículo 110 de la constitución  y punto, el numeral 2 hace innecesario acudir al 110.

Según la ley, la Secretaría de Interior y Policía es la competente en  lo concernientes a la migración e inmigración, y lo relativo al otorgamiento de la nacionalidad es atribución de esa secretaría anteriormente, hoy Ministerio de Interior y policía ya que su ley orgánica señala que son atribuciones de la secretaría de Interior y policía, en coordinación de la Dirección General de Migración coordinar la política migratoria del país, y desde que la Junta Central Electoral emitió la resolución 12/2007, en fecha 10 del mes de diciembre del año dos mil siete, se hace cuestionable la facultad de ese Organismo para tomar decisiones de esa naturaleza. Sin importar cómo se hayan obtenido esas actas de nacimientos ya que, su legitimidad o falsedad es una atribución que la Ley 659, sobre actos del estado civil confiere a los Tribunales de Primera Instancia, incluso la ley prohíbe hacer cualquier tipo de inscripción, corrección o tachadura en los libros del registro del estado civil al menos que no sea por una sentencia de un juez competente, llámese juez de Primera Instancia del lugar al cual pertenece la oficialía civil donde se encuentra registrada el acta.

Las personas afectadas por la sentencia objeto de comentario, no son culpables de las deficiencias, errores, debilidades o como le quieran llamar del Estado que a través del  tiempo no ha sabido adoptar un control eficiente en cuanto a la protección de su nacionalidad, y, el constituyente del 2010, consciente de que en nuestras constituciones siempre ha existido el Jus Soli y el Jus sanguini como manera de adquirir la nacionalidad, introdujo cambio en el numeral 3 al articulo 18, con la cual le está poniendo una condición al jus soli, ser hijo de extranjeros en condición legal en el país. La sentencia pone en manos del Estado la adopción de una política migratoria.

Nuestro reglamento de Inmigración define lo que es un pasajero en tránsito: como “Extranjero transportado por una Empresa de Transporte Internacional, que en su itinerario de viaje no tiene como destino final la República Dominicana, desde donde abordará otro medio de transporte hacia el país de destino”. Otro error es que una persona tiene una nacionalidad correspondiente a un país, extranjero es una condición de estar pero no una nacionalidad.

Mediante decreto Núm. 1, del 4 de septiembre de 1965, Gaceta Oficial Núm.  8945, que pone la Dirección General de Migración (DGM) bajo la dependencia  de la Secretaria de Estado de Interior y Policía, y dentro de las funciones del Ministerio de Interior y policía está: 1.- Hacer cumplir las leyes de inmigración y migración y 2.- Administrar las leyes de naturalización de extranjeros. Todo esto nos dice que el derecho de nacionalidad en la República Dominicana es incumbencia del Ministerio de Interior y Policía y no de la Junta Central Electoral ni de los  tribunales.

Otro aspecto mal utilizado en las críticas a dicha sentencia  es, que las autoridades haitianas nada tienen que opinar, ya que ese no es tema de su incumbencia, no se trata de nacionales haitianos, sino de ciudadanos dominicanos, con pleno derechos adquiridos por el Jus soli.

Los jueces civiles al emitir sus fallos tienen limitaciones, las cuales vienen dadas por las peticiones de las partes, y sus fallos deben enmarcarse dentro de lo pedido; siendo así la sentencia se sale de los limites de lo pedido, toda vez que el recurso de amparo que dio origen a dicha sentencia, buscaba la devolución de sus documentos a una ciudadana despojada caprichosamente de los mismos. Jamás se pedía un pronunciamiento sobre la condición de su nacionalidad.

El comportamiento que ha mostrado hasta ahora el presidente de la República es lógico, darle apoyo al Tribunal Constitucional es correcto, pues jamás podría un presidente desconocer una sentencia dictada por una alta Corte de Justicia, pero justo es  observar que al mismo tiempo busca la forma de enmendar el error cometido, al crear el plan de regularización, acción esta que si protege y le soluciona la situación de ilegalidad a los residentes ilegales, pero que no se le debe aplicar a los nacidos en el territorio de la República dominicana hasta el veintiséis de enero del año 2010 a las diez de la mañana.

Dice el refrán popular que tras la tormenta viene la calma, así esperamos que este diluvio traiga como beneficio el surgimiento de una política migratoria bien definida  con real aplicación y que nuestros honorables juristas a la hora de aplicar las leyes se acojan al espíritu de las mismas tal y como la pensaron y concibieron nuestros legisladores.

MARCO LEGAL DEL CONCUBINATO

Publicado: octubre 8, 2013 de Lic. Juan Isidro en Uncategorized

La Constitución dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010, consagra en su artículo 55 la familia como la base fundamental de la sociedad, concediéndole a la unión consensual un rango constitucional que lo pone al mismo nivel que el matrimonio civil o canónigo, cuando en el numeral 5 se lee “La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimentos matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley; me pregunto ¿Qué ley?
Ya por ahí en el 1998 las Naciones Unidas (ONU) habían estatuido la unión consensual, al proclamar que es la unión marital que no está respaldada por una acción de tipo legal, con determinada estabilidad y que implica responsabilidad económica o presupuesto común de los miembros de la pareja para la manutención de la familia que forman”.
En el derecho cubano la unión consensual ha sido definida también por el Código de Familia, como: “unión singular y estable, de mutuo acuerdo, entre personas de sexo opuesto y cuyo vínculo no ha sido legalmente establecido, aunque con aptitud legal para ello”, según lo refiere Mareelén Díaz Tenorio, en su libro Uniones consensuales en Cuba. Este modo de crear familia es tan viejo como la humanidad misma. Y en lo que se refiere a nuestro país por cada matrimonio de ley existen dos o más uniones consensuales.
Pero es bueno aclarar, para evitar confusiones y equivocaciones que al entrar en vigencia la Constitución del 2010, se hace necesario la creación de una ley que regule la unión consensual, estableciendo cuales son los derechos que le asisten y como se disuelve, como una forma de evitar los malos entendidos.
Hasta hoy solo se conoce de aquella sentencia de la Suprema Corte de Justicia, en la cual se le reconocía algunos derechos a una concubina cuyo compañero falleció en un accidente en la ciudad de Bonao, creando con esto una Jurisprudencia que hasta la fecha es el marco de referencia de que nos auxiliamos los abogados. En dicha sentencia la Suprema Corte de Justicia estableció las condiciones mínimas para reconocerles ciertos derechos a la unión libre, consensual o concubinato como se le quiera llamar. La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia Dominicana, en su sentencia de fecha 17 de Octubre del 2001, estableció los siguientes elementos constitutivos:
1.- Convivencia, una relación pública y notoria, donde se excluyen las relaciones ocultas y secretas;
2.- Ausencia de formalidad legal en la unión;
3.-Estabilidad, apariencia de matrimonio;
4.- Permanencia, constancia, duradera;
5.-Singularidad, la unión de 2 personas de distintos sexos, es decir, que no exista de parte de ninguno de ellos lazos de afectos o nexos formales de matrimonio con otros terceros de manera simultánea, o sea, una relación monogámica, lo cual quiere decir, que la pareja no debe tener ningún tipo de impedimentos legal que le prohíban contraer matrimonio según establece la ley.
Pero ya con la unión consensual con rango constitucional el legislador tiene la obligación de dictar la ley que le de el marco jurídico regulatorio a ese modo de formar una familia, igual que existe la ley que crea derechos y deberes en el matrimonio. No podemos estar de espalda a la realidad social que envuelve a más del 50% de los hogares dominicanos. El Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 87-01 de seguridad social lo mismo que el Código Procesal Penal Dominicano les reconoce ciertos derechos a la unión consensual.
Podemos decir que el Código laboral, o sea la Ley 16-92 al registrar la compañera sentimental del trabajador como beneficiaria en los beneficios de asistencia social fue tal vez, el primer reconocimiento de derechos a la concubina.
Pero lo cierto es que hace falta el establecimiento de un régimen comunitario donde se establezca los criterios que normen como repartir los bienes de la unión consensual y como reclamar los derechos de la comunidad.

¿ES MANDATO BÍBLICO EL CELIBATO SACERDOTAL?

Publicado: septiembre 15, 2013 de Lic. Juan Isidro en Uncategorized

Los últimos escándalos en que se ve envuelta la iglesia católica relacionado a violaciones y practicas sexuales son culpa de la misma iglesia y, es lamentable que esos hechos estén sucediendo o se sospeche que han ocurrido. Para el respeto que deben merecer los distintos dogmas religiosos, sus servidores deben mostrar una conducta transparente como un vaso de cristal lleno de agua cristalina. Todo claro y todo limpio. Es duro cuando uno ha pasado su vida defendiendo una religión leer o escuchar noticias como las que se propagan en los últimos días, es una demostración de que no hay nadie perfecto bajo la luz del sol y que lo perfecto no es humano.
Al iniciar éste articulo es dicho que la iglesia es culpable de esos escándalos; y, tal ves cause ronchas en cierto rostros católico al igual que yo, pero callar la verdad o los rumores es cobardía, hipocresía y falta de respeto a si mismo. Culpo la iglesia por ser defensora de normas inhumanas impuestas por los hombres y, pido perdón a los sabios por mi poco conocimiento en estas lides religiosas. En la enseñanza del catecismo católico en época de mi niñez me enseñaron en la escuela Santa Clara que los siete mandamientos de la iglesia eran o son: 1-Bautizmo, 2-confirmacion, 3-penitencia, 4-comunion, 5-extremaucion, 6-orden sacerdotal y 7- matrimonio. Soy católico porque eso significa abierta para todos, y apostólico porque se basa en la enseñanza de los apóstoles y creo en un Dios único cuya religión es solo aquella que manda a hacer y practicar el bien como norma de alcanzar la vida eterna y, que además sería la única manera de vivir como Dios quiere en este mundo.
El Génesis en el Capitulo 2 versículo 24 reza “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer y serán una sola persona” dice que Dios hizo la mujer de una costilla de Adán como una extensión de su cuerpo, lo cual significa que cada hombre tiene una mujer por mandato de Dios. Otro libro del viejo testamento, Levítico en su capitulo 21versiculo 13 señala como debe ser la mujer del Sacerdote estableciendo las condiciones para el matrimonio sacerdotal “Y tomará él mujer con su virginidad”. Podríamos decir que estamos en la era cristiana, la era del nuevo testamento, siendo así, nos vamos al libro primera de Corintios del Apóstol San Pablo en su capitulo 7 versículo 7 al referirse al celibato que señala “Quiero que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno ha recibido de Dios su propio don: uno de este modo, otro de otro”, léase bien quiero que todos los hombres fuesen como yo, todo éstos demuestra que el celibato es una imposición de hombre, imposición de la iglesia católica, no mandato bíblico, en buena Ley “hacer lo que la ley no prohíbe no es pecado”. Estas expresiones de San Pablo no eran un repudio al matrimonio sino “Lo que critica San Pablo no es el matrimonio, sino la corrupción innoble de los hombres Impíos e inmundos”.
No podemos decir que si los sacerdotes se le fuera permitido el matrimonio no cometerían abusos sexuales, no es una garantía, pero tendrían menos motivos para cometer el delito de fornicación.
San Pedro, el primer Papa que conoce la iglesia Católica fue un hombre casado. Fue en el Siglo IV con el Concilio de Elvira del año 306, celebrado en España, mediante el Decreto 43 que se adoptó que: Todo sacerdote que duerma con su esposa la noche antes de dar misa perderá su trabajo; sentando las bases para que luego diecinueve años más tarde en el 325 en el Concilio de Nicea: se decreta que una vez ordenados, los sacerdotes no pueden casarse. Se proclama el Credo de Nicea. En el Siglo IX por ahí por el año 836; San Ulrico, un santo obispo, argumenta que basándose en el sentido común y la escritura, la única manera de purificar a la Iglesia de los peores excesos del celibato es permitir a los sacerdotes que se casen. Pero no es necesario ir tan atrás para discutir el tema del celibato sacerdotal, pues muy recientemente como el 1993 su Santidad Juan Pablo II dijo “El celibato no es esencial para el sacerdocio; no es una ley promulgada por Jesucristo.” (Declaración del Papa Juan Pablo lI en julio de 1993”).
Larga es la lista de sacerdotes casado que ha tenido la iglesia católica como son: San Pedro Apóstol, San Félix III 483-492 el cual tuvo 2 hijos), San Hormidas 514-523 (1 hijo), San Silverio (Antonia) 536-537, Adriano II 867-872 (1 hija), Clemente IV 1265-1268 (2 hijas), Félix V 1439 1449 (1 hijo). Lo mismo que han existido muchos papas hijos de otros papas u otros miembros del clero
Dentro de la iglesia católica hay estructuras, normas y costumbres que por ahora no se vislumbra cambios algunos. Pero acciones y situaciones a lo largo del mundo llaman a revisar las leyes canonícas, el auge de religiones modernas traen nuevos vientos al seno de la iglesia católica. El hombre busca la libertad, en un contexto general. El sacerdote no escapa a esa situación, es un servidor a Dios pero en el fondo están conscientes que esa es una prohibición terrenal en la cual existen intereses económicos universales. En el año 580, el Papa Pelagio II su política fue no meterse con sacerdotes casados en tanto no pasaran la propiedad de la iglesia a sus esposas o hijos. El celibato eclesiástico ha sido norma desde el Concilio de Letrán II, celebrado en 1139. La mayoría de los sacerdotes no hacen un voto de celibato; es sólo una promesa hecha ante un obispo.
San Agustín de Hipona decía que el matrimonio trae tres cosas: los hijos, la fidelidad y el sacramento, señalando que lo malo del sexo es la adicción. Cuando Dios bendijo la primera boda dijo “creced y multiplicaos”.

Aves carroñeras

Publicado: agosto 3, 2013 de Lic. Juan Isidro en Uncategorized

Una manera de crecer es reconocer nuestros errores; de los errores se aprende. No es cosa de sabio culpar a los extraños de nuestros errores y el que así piensa siempre será enano mentalmente, cualquier semejanza con los dirigentes grupales del PRD es pura coincidencia y nada más.
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) desde su fundación en el 1939, es el partido con el mayor número de admiradores y simpatizantes en la historia partidaria de este país. Y es sin quizás, el partido que más fracasos electorales ha obtenido en la historia. Las últimas deberían servir de lección y aprendizaje a sus dirigentes que tendrán todos menos inexperiencia, y, que haciendo uso de sus tres letras lo han logrado todo para su persona. Los años de ejercicio político y las fortunas acumuladas en dicho ejercicio ha llevado este partido cimentar una estructura geriátrica con ideales muy lejos de lo que debe ser la dirigencia y objetivos de un partido democrático a la visión del siglo XXI. La política como ciencia consiste en representar el interés público y las actuaciones de la dirigencia del PRD lo han convertido en un grupo privado.
El feudalismo hace muchos siglos quedó atrás. Las dictaduras hasta en los países más pobres son cosas del ayer remoto. En materia política la historia ha sido muy dura con los grupos surgidos a raíz de divisiones grupales; no se debe confundir una división partidaria ideológica (PRD y PLD) con una partición grupal personal (PRSD; BIS; PRI; ESTRUCTURA; MIDA) pues las personales hasta hoy solo han sido simples siglas comerciales.
La lucha del PRD no es una lucha de ideología, es simple mente la lucha de dos hombres guiados por el afán de ser líderes y obsesionados con llevar el prefijo presidente antepuesto a su nombre, todo esto alimentado por unos adláteres cual si fuesen aves carroñeras y el pueblo inocente su carroña.
Ni Miguel Vargas Maldonado lo mismo que Hipólito Mejía llegarán a ningún lugar sin el apoyo de un partido político fuerte, unificado y participativo; un partido incluyente jamás excluyente. “Familia que reza unida, permanece unida dice la iglesia católica, así mismo partido que lucha unido la victoria es su trofeo”
Cada derrota obtenida por el PRD ha sido bautizada por sus dirigentes con un apellido que encierre siempre una culpa al adversario. Se habla de competencia, del verbo competir (Luchar, rivalizar entre sí varias personas por el logro de algún fin), y es eso una competencia donde el que tenga más capacidad en término amplio será el ganador. El PRD ni en el poder ni en la oposición es capaz de mantener la unidad la victoria le separa lo mismo que la derrota.
Las derrotas que ha sufrido el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en los últimos procesos eleccionarios no han sido más que la falta de capacidad política y carencia de olfato aglutinador de sus dirigentes encabezado por sus candidatos presidenciales que han querido ser aéreos, exhibiendo un triunfalismo espantoso, despreciativo y prepotente.
Hoy Hipólito Mejía se siente ofendido por haber sido expulsado olvidando que ese fue el reconocimiento que él dio a Emmanuel Esquea Gurrero y al líder más fogoso que tenia el partido de entonces en la figura de Hatuey De Camps cuando fue “vencido” por Miguel Vargas Maldonado en la convención del 2003, pero la retaliación nunca es buena consejera y Miguel Vargas bajó al mismo terreno tratando de responder al Ingeniero Hipólito Mejía, “grave error político” y una falta de respeto a esa multitud de hombres y mujeres que por tanto años han hecho del PRD su insignia política , si, aquel partido que Jose Francisco Peña Gómez lo identificaba como el Partido de la Esperanza, de la libertad y de la democracia, hoy los han convertido en el grupo de Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, los cuales se sienten con el derecho de hacer con el lo que le dé las ganas.
La verdadera división del PRD la inició el ingeniero Hipólito Mejía, cuando modificó la Constitución en contra de la voluntad de su propio partido, y todo por su afán de seguir gobernando. Leonel Fernández tiene velas en ese entierro, y la tiene por ser tan astuto y junto a Miguel Vargas Maldonado con el llamado pacto de las corbatas azules exhumar los cadáveres políticos que por mandato de la Constitución no podían volver a elegirse.
En el argot beisbolero se dice que lo que es igual no es ventaja; pero al calcular el futuro político partidario el ingeniero Miguel Vargas Maldonado no contaba con la astasia del doctor Leonel Fernández y fue sorprendido en el corrido de las bases poniéndolo fuera de circulación; los espectadores que veían desde las gradas se enojaron sacándolo del juego y mandándolos al banco.