EL PAPEL DE LOS LEGISLADORES EN UN SISTEMA DEMOCRÁTICO.

Publicado: mayo 16, 2011 de Lic. Juan Isidro en Uncategorized

El pastor Ezequiel Molina manifestó el 3 de enero de este 2011 que el Congreso debía cerrarse por cuatro o cinco años (Periódico Extra Digital 3/1/20011), algo que fue considerado como una barbaridad por varios sectores. El Barón de Montesquieu decía que “se puede medir el avance de un pueblo si se estudia su Constitución y las leyes que lo rigen, es más se puede describir la personalidad y carácter de sus ciudadanos si se conoce sus leyes” y eso es verdad siendo así la República Dominicana es el mejor país del mundo pues para todo se tiene una ley que lo regula amen de una Constitución que descansa en el Principio de Dignidad e igualdad, respeto a los derechos humanos y los derechos fundamentales cimentado en un Estado Social de Derecho Democrático, siendo así los tres poderes del Estados son independiente el uno del otro y hay seguridad jurídica. El artículo 146 condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado y con unos servicios públicos destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivos además de que el Estado tiene como función esencial, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y justicia social, compactibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.
Cuando los responsables de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes cumplan su obligación el Congreso sólo tendría que dedicarse a lo que les asignan los artículos 80, 83 y 93 de la Constitución ya que los Legisladores no sólo tienen como labor hacer leyes, porque en este país todo está normado. Pero existen muchos problemas en torno a esa materia lo cual se caracteriza por el irrespeto al ordenamiento jurídico existente en su totalidad. Tenemos una ley general de educación la cual establece un monto del presupuesto que debe el Estado dedicar a la educación, tenemos una ley de los Ayuntamientos y los Municipios que fija un monto del presupuesto, tenemos una ley judicial que establece el financiamiento del poder judicial, una ley general de salud, una ley de Migración, la ley electoral establece la representación de las minorías, pero reglas matemáticas creadas por los partidos mayoritarios han sepultado ese derecho ciudadano, y, cual boa aprovechan su voracidad para aplastar inmisericordemente al adversario con el único propósito de imponer su voluntad no la del pueblo.
También la ley electoral establece el financiamiento de los partidos políticos lo cual si se cumple al pie de la letra, ¿Que ironía? Existen controles para prevenir y controlar la corrupción pero no existe una ley o un reglamento que ponga limites al amiguismo político y la adhesión política, la misma Constitución en el artículo 146 pone limites a los servidores públicos no importa su jerarquía, el Código procesal Penal señala como debe juzgarse sin establecer condición social en el justiciable.
Una de las acciones que debe estar regulada por una ley es la actividad política, pero lamentablemente la ley de partidos políticos por asunto de intereses económicos y políticos duerme el sueño eterno en el Congreso Nacional, esa si es una labor que no puede seguir pendiente, la política merece ser transparentada, los partidos deben estar regulados y mostrar la procedencia de los recursos usados en los procesos electorales, aún los procesos internos, convirtiendo así la actividad política en algo al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas según manda el artículo 22 numeral 1 referentes a los “Derechos de ciudadanía” los artículos 79, 82, la ley municipal y los principios de la administración pública consagrados en el artículo número 138 de la misma Constitución los cuales están basados en la eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación. Es necesario el respeto a la Constitución y las leyes si queremos avanzar como país democrático, el artículo 142 otorga confianza y capacidad al servidor público basado en sus meritos, profesionalidad y capacidad sin tomar en cuentas los meritos políticos los cuales sólo deben servir para pertenecer a los partidos políticos. Pues la misma Carta Magna en su artículo 145 protege la función pública.
No se equivocó el pastor Molina, sólo que le faltó explayar el abanico de función concerniente a los legisladores en un sistema democrático.

About these ads

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s