DESAZÓN

Publicado: octubre 19, 2016 de Lic. Juan Isidro en Uncategorized

Escuchar a legisladores pedirle al presidente de la Junta Central Electoral que desconozca la Constitución y las leyes debe producir escozor. En un país donde la Constitución y las leyes constituyan una dictadura, para que no me acusen de dictador lo que quiero expresar es que vivamos bajo el imperio de la ley como debe ser.

En una demostración de que aquí la Constitución y las leyes son letras muertas, lo vimos en la más reciente modificación de la Carta Magna. No debemos extrañarnos si un día de estos desde el palacio presidencial bajo el pretexto de que el Comité Político de PLD lo pide; “perdón quise decir el pueblo lo pide”, se le ordena a Roberto Rosario que no aplique la reordenación de los Diputados a elegir ya que eso causa disgusto y distorsión a los seguidores, amen de que faltan cargos para llenar las apetencias.

Somos el mejor país creando incertidumbres. Somos quizás el único país del mundo que consta de dos constituciones, una para el pueblo llano y otra para quienes nos gobiernan y nos dirigen, una monárquica y otra esclavista,

Debemos respetar el mandato de la ley, pero nuestros mandatarios dicen que ellos son la ley y la Constitución.

Todos los conflictos institucionales o de pugnas de poder se han resuelto violando las leyes, o modificándolas porque la administración pública y la dirección del país no responde a las necesidades de la mayoría que es el pueblo, sino a las aspiraciones de los dirigentes políticos, los cuales han demostrados carecer del mas mínimo escrúpulo. Nuestros políticos partidistas han demostrados ser los más aventajados discípulos del Príncipe Nicolás Maquiavelo. “Los fines justifican los hechos”. Es casi seguro que un día de estos sea sometido al Congreso Nacional la modificación del articulo 81de la Constitución, considerando que el progreso y desarrollo de la nación no se puede prohibir; que se hace necesario que el número de Diputados sea directamente proporcional a la cantidad de habitantes y por lo tanto la cantidad no se puede limitar, ya que con esto le estamos impidiendo a nuestro jóvenes el legitimo derecho constitucional de ser elegido, además que con esta limitación en el número de Diputados le estamos negando a los ciudadanos estar legítimamente representados cuando la verdad es adherir más a las tetas de la Res- pública.

No somos de los países más pobres, Dios preñó estas tierras de unas riquezas naturales envidiables que desde 1492 están llenando arcas en todo el mundo y aún siguen inagotables donde los Pedro Santana imponen sus ideales y los Juan Pablo Duarte siguen siendo los traidores.

MI LECTURA DE LAS ELECCIONES.

Publicado: julio 15, 2016 de Lic. Juan Isidro en Uncategorized

Con todo el respeto que se merecen mis lectores quiero manifestar mi parecer sobre el recién pasado certamen electoral. A mi humilde interpretar son varios las factores a tomar en cuenta, La verdad es que en asunto de votar el pueblo dominicano ha dado una demostración de civismo y democracia, una muestra de ser un pueblo respetuoso del sagrado derecho de elegir. Una asistencia masiva en orden.

Dos los políticos nos mostraron que son carentes de capacidad para gobernar y además pusieron sobre la mesa su ambición de mandar solo con la intención de aplastar y burlarse del pobre pueblo elector. nuestros políticos, no muestran ser digno de confiarles el manejo de las cosas publicas son inmaduros y explosivos Su comportamiento solo sirve para alejar los votantes de las urnas..

Es penoso, ver como algunas personas por ignorancia se dejan utilizar como carnadas por políticos astutos, para supuestamente defender un derecho no obtenido pero si ambicionado. La voluntad expresada en las urnas es lo que menos importa en estos procesos, somos objetos que nos llevan a un teatro y terminada la función nos tiran al zafacón hasta cuatro años más.

Causa tristeza ver nuestros “ídolos o lideres” políticos enfrentar las situaciones y comportase con la actitud del más desposeído de ideas, enfrentar la situación como el más feroz miembro de la fauna. La violencia jamás debe decir presente en un líder.

La República dominicana no puede volver a organizar si es que se le puede llamar organizar, otro proceso electoral en esas condiciones, sin una ley de partidos que ponga frenos a las acciones desmedidas e irrespetuosas de los dirigentes políticos. Es necesario que se tracen reglas de participación claras y que nuestros procesos electorales estén dotados de control jurídico. al activismo político hay que inyectarles respeto y se asegure a la militancia política en los partidos. El transfuguismo no se puede premiar en detrimento de los verdaderos luchadores de un partido Si se quiere preservar la democracia hay que erradicar la circulación de dinero entre los electores. El derecho a ser elegido es un derecho de todos los ciudadanos dominicanos sin excepción de condición económica. A los cargos públicos deben llegar los mejores hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas que presenten hojas de servicios comunitarios, una certificación de vida y costumbre verificada. Lo económico no debe ser el único requisito para acceder a un puesto electivo. La compra de conciencia es el cáncer que erosiona la base de la democracia, la ameba que destruye el intestino del sistema democrático. En el pasado proceso electoral fueron elegidas personas que con su victoria han dado un ejemplo de que no solo el dinero da la victoria. Figuras jóvenes se impusieron a base de propuesta realizables. Y eso es muy bueno para construir un relevo, penetrar al pueblo sin repartir dinero sirve de inspiración a otros huérfanos de fortuna monetaria.

Urge una ley electoral acorde con los tiempos actuales, vivimos la era de la tecnología y la globalización, la era del conocimiento, donde nada pasa desapercibidos, un estornudo en cualquier rincón del planeta repercute en todo el universo. Los tiempos actuales exige la preparación de recursos humanos capaz de responder con rapidez y eficacia lo cual se logra con practica e instrucción.

Voluntad, voluntad política, voluntad de hacer, voluntad de respetar la Constitución y las leyes del país. Ninguna Nación en el mundo es grande y poderosa si no respeta su orden jurídico, nada se logra con leyes inaplicables, es mejor pocas pero funcionales y todo funciona cuando exista voluntad. Los juristas siempre buscaremos interpretar las leyes a nuestra manera pero las leyes deben ser enérgicas, sancionadoras, explicativas, rígidas. Jamás flexibles, no dependientes de las circunstancias, tampoco hechas al vapor. Una muestra de voluntad, se ha puesto de manifiesto post proceso con la unión de nuestros dirigentes políticos para reclamar unidos; ojalas y así sea cuando el país pida unión para la solución de los problemas.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), perdió la sindicatura del Distrito Nacional, ahora veremos si el presidente de la República demuestra que es el presidente de todos los dominicanos o el presidente de los peledeístas,. Bajo ningún concepto puede ahogar el cabildo capitalino, pues un presidente jamás debe usar el rencor ni la venganza contra sus adversarios. En cambio el síndico capitalino debe demostrar que en la parcela del frente hay personas que si saben y tienen madera para dirigir las instituciones y el país, el Ayuntamiento del distrito nacional era la hoguera donde iban a cremarse los futuros cadáveres políticos es cuestión del ayer. Ya felizmente no existe la raya de separación entre gobiernistas y gobernados, todos somos solo dominicanos.

CUIDEMOS LA CALIDAD DE NUESTRO VOTO

Publicado: abril 5, 2016 de Lic. Juan Isidro en Uncategorized

La democracia según la definió Abrahán Lincoln es un sistema “del pueblo por el pueblo y para el pueblo” descansando en un trípode y cualquiera de esas patas que falle provoca la caída de la misma.

Un cuerpo humano es cabeza, tronco y extremidades así mismo es la democracia mandato que es la ley el Legislativo, ejecución  el Ejecutivo y supervisión el Judicial

Llama a preocupación la composición del actual Congreso pero aún más preocupante es la posible conformación del próximo. El pasado pasado es, hay que vivir el presente y preparar el futuro, pero si no preparamos un buen futuro tendremos que conformarnos con los sufrimientos del mañana y pueden salir lágrimas negras como la canción aquella.

Al Congreso Nacional deberían ir las personas más nobles de los pueblos, en un congreso idóneo tendrían representación los  profesionales y técnicos de todo el quehacer humano, ricos, pobres, clase media, joven, de avanzada edad, de mediana edad, católicos, adventistas, protestantes, ortodoxos, espicopal, moravianos, ateo y discapacitada porque eso seria una verdadera representación de la sociedad en sentido general.

Cada día se nota un afán por la formación de un congreso integrado por millonarios aunque sin condiciones morales, sin importar la procedencia de esos dineros. Si fuéramos a exigir documentos de buena conducta para aspirar a un cargo congresual o municipal  habría que poner anuncios en la prensa solicitando aspirantes.

Nosotros los electores tenemos la obligación de asear los partidos políticos, ya que ellos postulan a cualquier adinerado sin el menor escrúpulo.  Ante esa situación nuestro deber es excluir esos candidatos de nuestra selección. Pero eso no será solo en el Congreso igual situación se presenta en los ayuntamientos; la función de regidor se ha cualquierizado, ambos dentro de su funciones tienen la facultad de crear leyes  y siendo así nos dirigimos a crear normas jurídicas protectoras de vicios, mala conductas y todo tipo de actividad reñida con la ley.

Hasta el momento los partidos políticos están repletos de miembros de conducta cuestionables, y son los partidos los proponentes de los candidatos brindándonos opciones de ninguna calidad moral pero si con grandes cuentas bancarias porque en una sociedad podrida nadie exige.

Los partidos políticos han hecho de las primarias un instrumento de burlas y desprecios hacia el verdadero liderazgo partidario, porque a la hora de decidir los dueños tienen la última palabra y como el voto es una mercancía que se compra y se vende al final el que pueda comprar mas se impondrá-

El Estado subvenciona los partidos políticos para que los hijos de Machepa tengan oportunidad de participación, para que todo ciudadano pueda aspirar a ser elegido según establece el artículo 22.1 de nuestra Constitución vigente.

En la elecciones del 1962 el profesor Juan Bosch obtuvo un 59.29% de los votos, usando como slogan “vergüenza contra dinero”, sin repartir un centavo, sin comprarles a nadie su voto. José Francisco Peña Gómez  fue un líder que no utilizaba la repartidera de ron ni dádivas para concentrar masa; el único capital utilizado era su ideología y su discurso motivador, jamás el dinero.

Dirigir el Estado debe estar revestido de sacrificio jamás se debe ir al Estado pensando en riquezas no podemos ver un cargo electivo como una empresa en la cual invertimos pensando cobrar  grande interés.

OH! Machepa tantos hijos que tened y ninguno con derecho permitido

El artículo 38 de la Constitución dice que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas y se debe proteger los derechos inherentes

El Artículo 68 de nuestra normativa Constitucional señala que La nominación de los candidatos a cargos electivos que hayan de ser propuestos por un partido político, reconocido o inscrito, deberá ser hecho por el voto afirmativo de la mayoría de los delegados a convenciones regulares y públicamente celebradas tres (3) días, por lo menos, después de haber sido convocadas por medio de aviso público en un diario de circulación nacional.

Así mismo el artículo 69 regula la forma de las propuestas. Las propuestas de candidatos serán formuladas por el organismo directivo central o por los respectivos organismos directivos provinciales, municipales o del Distrito Nacional, según los casos, de conformidad con las designaciones hechas por las convenciones correspondientes; y serán presentadas por medio de escrito que se entregará al Secretario de la Junta Central Electoral o de la correspondiente junta electoral.

No importa que nos ofrezcan los partidos, la decisión es nuestra. No vendamos nuestra libertad, defendamos nuestros derechos. Demostremos que no hay dinero que compre nuestro voto y con el nuestra conciencia, no estamos obligados a seleccionar lo que el dinero no imponga.

DE REELECCIÓN Y CONSTITUCIÓN

Publicado: agosto 10, 2014 de Lic. Juan Isidro en Uncategorized

El tema de la reelección esta causando de que hablar en nuestra constitución desde el 1966, siendo establecida la reelección indefinida y consecutiva lo cual permitió crear una dictadura presidencial que mantuvo vivo el sistema que por espacio de treinta y un años sustentó Rafael Leonidas Trujillo, que no era de extrañar ya que Joaquín Balaguer fue su discípulo. Balaguer gobernó por 12 años haciendo uso de los recursos del Estado incluyendo el poder militar, el poder económico, el libertinaje y cualquier método represivo que le permitiera reducir sus opositores en sus aliados o los desaparecía, así tan sencillamente.

Hasta que en el 1978 asume la presidencia el hacendado Silvestre Antonio Guzmán Fernández por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), agrupación que tenia como norte la no reelección presidencial aunque su cúpula gerencial era vitalicia, pero respetuosa en cuanto a sus estatutos y principios doctrinales. Con la llegada del PRD se rompe el sistema reeleccionista no porque la constitución lo prohíba sino por principios ideológicos.

Con el retorno de Joaquín Balaguer en el 1986 vuelve a imponerse la reelección hasta que una reforma forzosa en el 1994 estableció la reelección indefinida no consecutiva con un período de receso, todo con el prepósito de impedir que Joaquín Balaguer volviera a reelegirse; así llegamos al 2002 y se establece la reelección consecutiva con un nunca jamás tratando de permitir el surgimiento de nuevos lideres con perfil presidencialista. Llegando así al 2010 donde se reimpone la reelección pero no consecutiva con la variante de dejar pasar un periodo.

Hasta que no aprendamos a respetar la constitución y darles el valor que debe tener seremos victima de los oportunistas políticos que con el deseo de exprimir la res pública hacen pacto con el mismo Satanás relegando el derecho al progreso y la superación de la juventud a la indiferencia.

Un país carente de una ley de partidos políticos, donde sin temor a exagerar, los partidos políticos son las instituciones menos democráticas de nuestro país. Ante la inexistencia de normas que puedan llenar el déficit generado por el requisito de democracia interna establecido en la Constitución Política, solo quedan los estatutos partidarios, pero como en República Dominicana no existen partidos de ideología sino un grupo de seres humanos reunidos alrededor de un hombre con habilidad superior a los demás del grupo, los cuales sólo piden como pago a su adhesión inmunidad oficial, que le permita disfrutar los bienes del Estado como si fuese su predio privado, todo el que suba al palo le será muy difícil bajarse ya que su acólitos siempre querrán garantizar su disfrute.

Hasta que no aparezca un gobernante que le asigne a la constitución su valor como ley fundamental del país, que permita construir un verdadero estado social y democrático de derecho. la palabra reelección siempre estará fija en las mentes de los gobernantes y siempre estarán dispuestos a hacerle un roto a la constitución para empotrarle un parche que permita la reelección presidencial, y, es que, la no reelección, solo es una expresión circunstancial y nada más, la cual es usada según las circunstancia del momento, y como el pueblo no sigue ideologías ni hechos si no a hombres o nombres, siempre será una necesidad la reelección del gobernante de turno llámese como se llame y gobierne como gobierne. Las reformas constitucionales tienen como fundamento ponerse al día y a tono con las garantías y derechos fundamentales para llenar las exigencias de los nuevos tiempos y por eso es que el articulo No. 267 de nuestra constitución señala la forma de cómo debe modificarse y es precisamente para evitar modificaciones innecesarias sin ningún valor a la misma constitución; no podemos modificar nuestra constitución por el simple hecho de que un gobernante pueda ser reelegido.

Una de las grandes discusiones actuales en la materia se refiere a la reelección presidencial inmediata: Si le echamos un vistazo a otras constituciones del continente americano podremos observar que América Latina tiene una tendencia hacia la reelección. Veamos:
La constitución de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela permiten la reelección a un nuevo periodo en forma inmediata. Mientras que Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua es permitida pero no en periodo consecutivo.
La constitución de Paraguay, establece que el presidente y el vicepresidente duraran en sus funciones cinco años improrrogables y que no podrán ser reelegidos en ningún caso. También es prohibida por mandato constitucional en Guatemala, México y Honduras.

El articulo 25 párrafo 2 de la constitución chilena establece que El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período siguiente.

En la Constitución de Perú su artículo 112 señala que “El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones”.

La Constitución de México en su Artículo 83 dice “El Presidente entrará a ejercer su cargo el 1o. de diciembre y durara en el seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

La constitución de Uruguay en su Artículo 152 establece con relación al Presidente y Vicepresidente: El Presidente y el Vicepresidente durarán cinco años en sus funciones, y para volver a desempeñarlas se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese. Esta disposición comprende al Presidente con respecto a la Vicepresidencia y no al Vicepresidente con respecto a la Presidencia.

La constitución de Bolivia tiene establecido en su artículo 169 “…pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez” con lo cual abrió el paso a la reelección presidencial consecutiva.

La constitución de Brasil en su artículo 82 dice que “El mandato del Presidente de la República es de cinco años, prohibiéndose la reelección. Pero en 1997, una modificación constitucional aplicada por el presidente Lula introdujo la reelección por un periodo y nada más.

En la Republica de Argentina, la constitución establece en el artículo 90 “El Presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos, o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período.

La constitución de Panamá en su artículo 178 señala que “Los ciudadanos que hayan sido elegidos Presidente y Vicepresidente de la República no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos períodos presidenciales inmediatamente siguientes”.

El caso más conocido y mencionado es el de los Estados Unidos de Norteamérica donde existe la reelección por un periodo más y nunca jamás.

En Colombia, según la constitución del 1991, estaba prohibida y después de muchos intentos, en el 2005 se logra establecer la reelección inmediata, la que hizo posible a Álvaro Uribe un segundo mandato a partir de 2006. Y actualmente permite al presidente Juan Manuel Santos postularse y ser reelegido.

En Honduras la Constitución no sólo prohíbe la reelección, sino que sanciona con la destitución inmediata al funcionario que la proponga o promueva, con la inhabilitación por 10 años. Artículo 239 de la Constitución de la República de 1982.

En Nicaragua en el 1995 pasó de consecutiva a alterna, regresando al poder en el 2007 el presidente Daniel Ortega, quien se ha declarado a favor de la reelección inmediata.

La constitución de Haití, el capitulo II sección A articulo 134-3 prohíbe la reelección presidencial inmediata. Pero se puede reelegir para otro periodo, sólo después de cinco años no pudiendo aspirar en ningún caso a un tercer período.

En Republica dominicana la institucionalidad es muy débil y producto de eso las instituciones no funcionan; comenzando por la misma constitución la cual no obstante haber sido objeto de una modificación que la convertía en una constitución moderna acorde a los momentos que vive la humanidad sólo ha sido utilizada según los intereses en juego, incluso su mismo patrocinador con apenas meses de haber sido promulgada hizo esfuerzos ingentes por cambiarle para reelegirse. El Estado no es un hombre, el Estado no es un nombre el Estado es el conjunto de instituciones necesarias para el funcionamiento del País. El Estado es perpetuó, perenne. Somos quizás uno de los países de más profusión en normas jurídicas pero también es el país donde menos se respeta el ordenamiento jurídico establecido.

El pueblo es el soberano, y el único con derecho de escoger, pero también debe tener la oportunidad de premiar a quien lo ha hecho bien y así mismo darse el gusto de castigar a quien se lo merezca
Es tiempo de que los dominicanos respetemos nuestra normativa constitucional porque tal parece ser que cuando Ferdinand Lasalle dijo que la constitución es un pedazo de papel lo dijo pensando en el pueblo dominicano.

Durante la época de Trujillo la Constitución se modificó siete veces. En los años 1934, 1942, 1847, 1955, 1959 y dos veces en 1960. Muchos de estos cambios sirvieron para dar mayores poderes al jefe, otras veces para resolver problemas del momento, en ocasiones para dar categoría constitucional a nuevas ideas políticas, pero la mayoría de las veces era para glorificar a Trujillo.
Para las primeras modificaciones se utilizo el sistema de las Asambleas Revisoras, elegidas mediante voto popular. Pero luego, a partir del año 1959 se cambio este método para que las modificaciones se hicieran a través de ambas cámaras, reunidas en Asamblea Revisora, evitando así la necesidad de una elección popular que escogiera a los miembros de la misma. De este modo, a partir de la modificación del 1959,

NO ES INCONSTITUCIONAL EL ARTICULO 85 DEL CPP

Publicado: abril 26, 2014 de Lic. Juan Isidro en Uncategorized

La cantaleta que ha desatado la modificación del Código Procesal Penal, nos deja una muy buena lección que el pueblo debe meditar. Si hurgamos en la memoria veremos que en caso como la Sum Land, Barrik Gold y la modificación del articulo 85 párrafo tres del código procesal penal, nuestros “Honorables” legisladores son unos irrespetuosos y burlones de quienes les damos el derecho.
Da pena oír un diputado decir que no tiene tiempo para leer un anteproyecto de Ley, si para eso le pagamos, y pagamos muy bien; pero la burla y el irrespeto viene desde la misma presidencia de las cámaras con el uso del intrenet. Una ley que concierne a todos los habitantes nacionales o no de un país no puede ser un secreto, debe ser discutida, estudiada y ponderada con transparencia lo cual requiere de tiempo.

La lección dice que nuestros honorables legisladores cuando se trata de defender su propio interés no le importan pactar con el mismo Satanás. Y la modificación al párrafo tres del articulo 85 no es mas que un salvoconducto que los políticos quieren asegurar, con lo cual demuestran su actitud, espíritu y vocación a la corrupción.

Total, el código procesal Penal está en vigencia desde el año dos mil cuatro y aún no tenemos jurisprudencia de casos de corrupción de ningún funcionario público que haya sido acusado juzgado y condenado lo cual demuestra dos cosas: una que éste es el país en donde los funcionarios son todos personas de honorabilidad y pulcritud y la otra cosa que no existe ningún tipo de control que pueda vigilar la corrupción administrativa.

Muy cierto es que la constitución en su articulo 22. 5, 75.12, 138 y 139 señalan que la ciudadanía debe vigilar la transparencia de cualquier persona sea este funcionario o no que esté en el manejo de la cosa pública.

Decir que el artículo 83 párrafo 3 es inconstitucional es pronunciarse en contra de varios mandatos de la Constitución como son: artículo 8, 22.5, 74, 75.12, 138, 139 y 246. El artículo 8 dice que los derechos son progresivos, lo cual indica que pueden mejorarse, ampliarse pero jamás deben ser regresivos. Ninguna ley puede acomodarse para satisfacer problemas particulares. Lamentablemente se quiere arreglar el Código Procesal Penal para favorecer a ex funcionarios del gobierno anterior, del presente y los del futuro.

No es los mismo una denuncia que una querella, según el articulo 267 del código procesal Penal una querella es “El acto por el cual las personas autorizadas por este código promueven el proceso penal por acción pública o solicitan intervenir en el ya iniciado por el ministerio público” y, precisamente el articulo 85 señala quien puede ser querellante afecten los hechos punibles a personas individual, intereses colectivos o difusos. Lo mismo que si son cometidos por funcionarios público.
La querella debe ser incoada por ante el Ministerio Público el cual debe estudiarla y proceder, ahí radica el problema, sucede que el Ministerio público no es más que un subalterno del presidente de la república, un miembro mas del gabinete él cual está para cumplir las ordenes del presidente, no del pueblo, esto significa que con el párrafo tres o no del articulo 85 es la misma cosa.
Estoy de acuerdo que el código sea modificado en ese sentido pero que se le dé al ciudadano el derecho de querellarse no ante la fiscaliza sino ante un Juez directamente.

Cuando los defensores de la modificación del Código procesal penal defienden la denuncia no son capaces de citar el artículo 264 el cual señala que “tienen obligación de denunciar sobre todas las infracciones de acción pública que llegan a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de éste: Los funcionarios públicos, los médicos, farmacéuticos, enfermeros, y demás que ejerzan cualquier rama de las ciencias medicas; los contadores públicos autorizados y los notarios públicos, respecto de infracciones que afecten el patrimonio o ingresos públicos”. Este artículo limita la facultad de denunciar a personas específicas, no a cualquier ciudadano.

Pero otro problema que conlleva la denuncia es lo que establece el artículo 266, el denunciante solo es responsable si la denuncia es declarada falsa, y en nuestro sistema investigativo la falsedad siempre existe cuando el ministerio público debe investigar un funcionario público o con protección de cualquier índole, y, siendo así se le aplica la difamación y la injuria delito tipificado en nuestro Código Penal.

El anteproyecto de Ley de regulación del ejercicio de la abogacía y la notaria elaborado por la Suprema Corte de Justicia, es un proyecto discriminatorio y excluyente. El artículo 39 de nuestra Constitución garantiza la igualdad entre las personas. El artículo 3 del proyecto de Ley señala que para ejercer la abogacía además de las condiciones exigidas en otra parte de esta ley se requiere: 2: haber validado la pasantita obligatoria prevista en esta ley 3: haber aprobado el examen de revalida provista por esta ley, con lo cual pone al profesional del derecho en desventajas con las demás profesiones que según la ley 111, del 3 de noviembre del año 1942, Gaceta Oficial No. 5822, deben hacerse expedir un exequátur para su ejercicio.

La Suprema Corte de Justicia se olvida de un problema institucional, un problema del sistema, y justifica el mal existente en la justicia a la preparación de los noveles abogados y abogadas; siendo así, entonces enfoquemos el caso en las universidades y los pensum. La mayoría de las universidades hacen énfasis en el aspecto teórico y dan poca o ninguna importancia a la practica en los tribunales, estamos de acuerdo en que los estudiantes de derechos deben tener una base sólida en los aspectos fundamentales del derecho en todas sus vertientes, pero hay un mal que también debe corregirse si queremos que la justicia funcione según la ética y los Códigos. Hay un adagio que dice “más vale pulgadas de Juez que kilómetros de derechos” o sea que si usted es amigo del Juez no importa cuanto derecho conozca y aplique.

Con un Poder Judicial saneado, manejado por jueces preparados en la ley y en los principios morales. Que únicamente militen en la decencia de la conciencia limpia. Que sus actuaciones no las ensucien los oscuros intereses, la sociedad vería sus bienes protegidos por el poder judicial, y así, los abogados lucirán más capacitados ante los ojos de la ciudadanía. .

La Suprema Corte de Justicia debe entender que la crisis no es de la carrera, sino una crisis del sistema. El ejercicio de la justicia debe descansar en la probidad, y, los jueces deben hacer uso de ese principio a la hora de aplicarla, pero lamentablemente los agentes justicieros se han concentrados en defender ciertos intereses que le son afines y ahí radica parte de el mal de la justicia en nuestro país. Tenemos que reconocer que a Temis le quitan la venda siempre a favor de los sectores más encumbrados de la sociedad permitiendo que se impongan los favores, la amistad, la política, la clase económica, la raza y la condición social. El símbolo de la justicia es una personificación alegórica de la fuerza moral en los sistemas judiciales por eso Temis aparece con una espada y una balanza. Y la venda en los ojos es una representación de la objetividad.

SOBRE LA SENTENCIA TC 168/13

Publicado: diciembre 14, 2013 de Lic. Juan Isidro en Uncategorized

Es difícil hablar del presente sin ser victima del efecto que causa la preferencia política, cuando queremos analizar la sentencia TC168/13 del Tribunal Constitucional habremos quienes nos queramos basar en el espíritu de la Ley y quienes se van por lo puramente político partidista. Ambos bando tienen sus razones y bases para mantener sus puntos de vistas. No cuestiono el derecho que tiene la República dominicana, de crear  su marco jurídico, que norme la entrada a su territorio de cualquier extranjero que así lo desee, es un derecho soberano que nadie puede cuestionar, como nadie puede cuestionar el derecho soberano que tiene cualquier país libre e independiente de establecer la manera de adquirir la nacionalidad. Incluso, el artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos le da a la República dominicana la facultad de adoptar en su derecho interno las medidas legislativas y de cualquier índole que sean necesarias para regular los procedimientos y requisitos para la adquisición de la nacionalidad dominicana. Pero lo que si es cuestionable es la interpretación que da el Tribunal a la intención del Legislador al momento de establecer un mandato constitucional, cada articulo de los 277 que contiene nuestra constitución fue ampliamente debatido y discutido por nuestros constituyentes, en el proceso de modificación constitucional.

Lamentablemente cada quien interpreta la carta magna a sus conveniencias, y muchos de los problemas en que hoy nos encontramos envueltos en el ámbito mundial pudieron haberse evitado. Existen personalidades que poco le importa esos cuestionamientos a los que nos han sometido. Bastaría con aplicar el mandato constitucional establecido en el artículo 18 numeral 2 y 3 de nuestra normativa constitucional. Y si aún no estamos seguros, pues apliquemos el artículo 110 de la constitución  y punto, el numeral 2 hace innecesario acudir al 110.

Según la ley, la Secretaría de Interior y Policía es la competente en  lo concernientes a la migración e inmigración, y lo relativo al otorgamiento de la nacionalidad es atribución de esa secretaría anteriormente, hoy Ministerio de Interior y policía ya que su ley orgánica señala que son atribuciones de la secretaría de Interior y policía, en coordinación de la Dirección General de Migración coordinar la política migratoria del país, y desde que la Junta Central Electoral emitió la resolución 12/2007, en fecha 10 del mes de diciembre del año dos mil siete, se hace cuestionable la facultad de ese Organismo para tomar decisiones de esa naturaleza. Sin importar cómo se hayan obtenido esas actas de nacimientos ya que, su legitimidad o falsedad es una atribución que la Ley 659, sobre actos del estado civil confiere a los Tribunales de Primera Instancia, incluso la ley prohíbe hacer cualquier tipo de inscripción, corrección o tachadura en los libros del registro del estado civil al menos que no sea por una sentencia de un juez competente, llámese juez de Primera Instancia del lugar al cual pertenece la oficialía civil donde se encuentra registrada el acta.

Las personas afectadas por la sentencia objeto de comentario, no son culpables de las deficiencias, errores, debilidades o como le quieran llamar del Estado que a través del  tiempo no ha sabido adoptar un control eficiente en cuanto a la protección de su nacionalidad, y, el constituyente del 2010, consciente de que en nuestras constituciones siempre ha existido el Jus Soli y el Jus sanguini como manera de adquirir la nacionalidad, introdujo cambio en el numeral 3 al articulo 18, con la cual le está poniendo una condición al jus soli, ser hijo de extranjeros en condición legal en el país. La sentencia pone en manos del Estado la adopción de una política migratoria.

Nuestro reglamento de Inmigración define lo que es un pasajero en tránsito: como “Extranjero transportado por una Empresa de Transporte Internacional, que en su itinerario de viaje no tiene como destino final la República Dominicana, desde donde abordará otro medio de transporte hacia el país de destino”. Otro error es que una persona tiene una nacionalidad correspondiente a un país, extranjero es una condición de estar pero no una nacionalidad.

Mediante decreto Núm. 1, del 4 de septiembre de 1965, Gaceta Oficial Núm.  8945, que pone la Dirección General de Migración (DGM) bajo la dependencia  de la Secretaria de Estado de Interior y Policía, y dentro de las funciones del Ministerio de Interior y policía está: 1.- Hacer cumplir las leyes de inmigración y migración y 2.- Administrar las leyes de naturalización de extranjeros. Todo esto nos dice que el derecho de nacionalidad en la República Dominicana es incumbencia del Ministerio de Interior y Policía y no de la Junta Central Electoral ni de los  tribunales.

Otro aspecto mal utilizado en las críticas a dicha sentencia  es, que las autoridades haitianas nada tienen que opinar, ya que ese no es tema de su incumbencia, no se trata de nacionales haitianos, sino de ciudadanos dominicanos, con pleno derechos adquiridos por el Jus soli.

Los jueces civiles al emitir sus fallos tienen limitaciones, las cuales vienen dadas por las peticiones de las partes, y sus fallos deben enmarcarse dentro de lo pedido; siendo así la sentencia se sale de los limites de lo pedido, toda vez que el recurso de amparo que dio origen a dicha sentencia, buscaba la devolución de sus documentos a una ciudadana despojada caprichosamente de los mismos. Jamás se pedía un pronunciamiento sobre la condición de su nacionalidad.

El comportamiento que ha mostrado hasta ahora el presidente de la República es lógico, darle apoyo al Tribunal Constitucional es correcto, pues jamás podría un presidente desconocer una sentencia dictada por una alta Corte de Justicia, pero justo es  observar que al mismo tiempo busca la forma de enmendar el error cometido, al crear el plan de regularización, acción esta que si protege y le soluciona la situación de ilegalidad a los residentes ilegales, pero que no se le debe aplicar a los nacidos en el territorio de la República dominicana hasta el veintiséis de enero del año 2010 a las diez de la mañana.

Dice el refrán popular que tras la tormenta viene la calma, así esperamos que este diluvio traiga como beneficio el surgimiento de una política migratoria bien definida  con real aplicación y que nuestros honorables juristas a la hora de aplicar las leyes se acojan al espíritu de las mismas tal y como la pensaron y concibieron nuestros legisladores.